¿El Estado pagará por Afinsa y Fórum?

Hora de los jueces. Toca resolver a la Audiencia Nacional las querellas de muchos de los 400.000 afectados que culpan al Gobierno del fraude.

E. Contreras

El 9 de mayo de 2006 una veintena de policías tomaban por sorpresa y precintaban las sedes de Fórum Filatélico y Afinsa, a las órdenes de la Audiencia Nacional. Una investigación de años de la Agencia Tributaria determinaba que su actividad era fraudulenta. La intervención dejó miles de millones de euros de más de 400.000 ciudadanos atrapados. Tres años después, finalizada la instrucción en el proceso judicial y sin haber recuperado aún el dinero, miles de afectados hacen responsable al Estado (por lo que hizo o lo que dejó de hacer ) y le reclaman sus ahorros.

Si se califica como actividad financiera, “es evidente que existe una responsabilidad del Estado por falta de regulación Casi 40.000 clientes han presentado el escrito de conclusiones con el argumentario sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración. Se abre, por tanto la hora de los jueces. Toca resolver si el Estado tiene o no que rendir cuentas a los magistrados de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y en ciertos círculos se habla de apurar al máximo los tiempos para tener el fallo antes de fin de año. “Se habla de que podría producirse en septiembre, luego el magistrado ponente tiene que encargarse de su elaboración”, estima Antonio Doñaque, letrado del bufete Marín Abogados que representa a adheridos a la Asociación de Afectados de Fórum Filatélico.

En la Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas y Seguros (Adicae) son menos optimistas. Preparan movilizaciones en otoño para tratar de conseguir una solución política, convencidos de que la Audiencia Nacional podría emplear hasta cinco años en resolver, y si hay recurso al Supremo se sumarán otros tantos.

¿Qué es lo que está en juego? Los escritos de conclusiones a los que ha tenido acceso LA GACETA no fijan un importe. “La cuantía sólo se puede ejecutar en sentencia, porque sería la diferencia entre el valor de los activos —de Fórum y Afinsa— y la cantidad invertida”, explica Doñaque. El ahorro en Fórum ascendía a 3.702 millones de euros y en Afinsa otros 2.204 millones. Un total de 5.906 millones de los que los administradores concursales confían en recuperar un máximo del 25-30% con la venta del patrimonio de las empresas. Sólo los afectados de Fórum han cobrado algo: el 10% de lo invertido. El resto sería lo exigible al Estado.

Argumentan que el Estado es responsable porque los departamento de Consumo regionales dependen del Ministerio ¿Y en qué fundamentan la reclamación? Fundado en 1979 Fórum Filatélico y Afinsa en 1980, su actividad era la comercialización masiva de sellos de coleccionista, y como tal estaban categorizadas como empresas mercantiles bajo supervisión de Consumo en las comunidades autónomas. El problema es que la Agencia Tributaria considera que ejercían una actividad financiera porque ofrecían un pacto de recompra de los sellos con una retribución garantizada —similar a captar dinero en un depósito tradicional bancario a cambio de una renta.

Los afectados argumentan que el Estado es responsable por inacción: si se califica como financiera, “es evidente que existe una responsabilidad del Estado por falta de regulación; pero si se calificase como mercantil, es igualmente responsable por la ausencia de una regulación más concluyente”, argumentan unos clientes en su escrito.

La tesis es: si el Gobierno sabía que eran financieras, debía haber intervenido antes y ponerlas bajo la supervisión y control del Banco de España. Y si eran mercantiles no debía interrumpir su actividad porque pagaban en tiempo y forma a clientes, proveedores y al mismo Fisco. Incluso en esta última tesis, sostienen que el Estado es responsable porque los departamento de Consumo regionales dependen del Ministerio.

En materia regulatoria culpan a los sucesivos Ejecutivos de inacción, al no desarrollar reglamentariamente la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 35 de 2003, en la que debían haber legislado las empresas de bienes tangibles.