ANALISIS DE LA SITUACION AL JULIO DEL 2007 (16-07-2007)

Análisis de la situación al Julio del 2007.

Un año indefensos y sin ayuda. El pasado 9 de mayo se cumplio un año de la intervención judicial de Forum Filatélico y Afinsa. Tras el estupor inicial, los 460.000 afectados nos encontramos indefensos, timados por unos ex directivos preocupados por su defensa personal e incapaces de dar una explicación racional al desfase patrimonial de las empresas, y, lo que es más grave, abandonados por un Estado que debería haber velado por nuestros legítimos intereses económicos y se ha desentendido durante más de 30 años del sector de los bienes tangibles.

Ley concursal. Los procedimientos mercantiles ponen en juego la valía de nuestra reciente Ley Concursal. Los juzgados mercantiles donde se instruyen los concursos de Forum y Afinsa, están saturados de demandas de clientes, que podrían saldarse con cerca de mil juicios debido a las reclamaciones recibidas.En Forum se han admitido un total de 270 reclamaciones de las que ya se han contestado unas 130 (25 de Junio).

Reclamación patrimonial al Estado. El 8 de Mayo la FAF, plataforma a la que pertenecemos, presento reclamación por responsabilidad patrimonial concurrente frente al Ministerio de Economía y Hacienda, Ministerio de Sanidad y Consumo, Agencia Tributaria y todas las Comunidades Autónomas, por la falta de desarrollo legislativo y reglamentario del sector, así como por la falta de control de dichas empresas. Va a ser un camino largo. Otros también lo han sido. Los que creemos en la justicia sabemos que antes o después conseguiremos el resarcimiento pleno del perjuicio que nos han ocasionado.

La calle. El pasado 21 de abril salimos a la calle 120.000 afectados para pedir JUSTICIA. Las asociaciones creadas por los afectados, agrupadas en torno a la Federación de Afectados Filatélicos (FAF) y a la Coordinadora Española de Afectados de Forum y Afinsa (CEAFFA) bajo el lema “Justicia y Solución ¡Ya!”. Las asociaciones de consumidores subvencionadas por el Estado se han desmarcado de la convocatoria, más interesadas en recaudar sus cuotas que en buscar una solución rápida. Estas asociaciones representan a menos de la cuarta parte de los afectados, y han recibido integramente todas las subvenciones del Gobierno destinadas a los afectados (2 millones de euros). A pesar de ello, cobran cuotas por defenderlos en los concursos mercantiles y han sido pocas las que presentaron en plazo la reclamación patrimonial al Estado. Son, sin duda, junto a la banca, los principales beneficiarios de esta crisis.

Partidos políticos. La nueva Ley de Bienes tangibles continua su tramitación al ser rechazada recientemente la enmienda a la totalidad presentada por el PP. En el mes de septiembre se discutaran las enmiendas parciales presentadas por los distintas formaciones. Entre ellas hay dos enmiendas una de CIU y otra del PP que contemplan una solución para los afectados. Esperemos prosperen y que sirva para la busqueda de una solución que evite un largo proceso judicial y un mayor coste para las arcas públicas.

Gobierno. Los socialistas aprobaron, durante una reunión del Consejo de Ministros, instruir al ICO para la apertura de una Línea de Mediación de anticipos a cuenta sin intereses, con una dotación económica de 500 millones, destinada a conceder préstamos en condiciones preferentes y abre el plazo para admisión de solicitudes el 15 de Junio. A 2 de Julio y ante los problemas existentes la Sra. Sauquillo, presidenta del CCU, insta para que se pongan los medios necesarios para evitar los problemas en la tramitación de la concesión de los anticipos.

El Defensor del Pueblo pide soluciones. En su informe anual presentado el 20 de Junio en el Congreso de los Diputados destaca un incremento del 66% en el numero de quejas presentadas, debidas sobre todo a los casos Forum y Afinsa y reitera la recomendación efectuada el pasado 12 de diciembre en la que “ se recomienda la búsqueda de alguna solución para los actuales afectados por la intervención de las Sociedades de Inversión en Bienes Tangibles, teniendo en cuenta que la inactividad de los poderes públicos de control frente a un problema que conocía ha incrementado los efectos económicos negativos de las irregularidades cometidas por las sociedades